La Directiva se adoptó en 2017 para abordar la creciente amenaza terrorista asociada principalmente con personas que viajan al extranjero con fines de terrorismo y representan una amenaza a su regreso, comúnmente denominados «combatientes terroristas extranjeros». Con este fin, la Directiva exige a los Estados miembros que adopten nuevas medidas para luchar contra el terrorismo, incluida la tipificación penal de delitos como viajar con fines terroristas o recibir adiestramiento para el terrorismo.
La Directiva, y su impacto en los derechos fundamentales, ha atraído una importante atención pública. La Comisión Europea pidió a la FRA que llevara a cabo un estudio sobre el impacto de la Directiva en los derechos y libertades fundamentales, con el fin de apoyar su propia evaluación de la Directiva, centrándose en los cambios específicos que la Directiva introdujo en comparación con los anteriores instrumentos jurídicos de la UE.
Los resultados y los dictámenes derivados de dicho estudio tienen por objeto contribuir a la aplicación de la legislación, la política y otras medidas de la UE en el ámbito de la lucha contra el terrorismo en toda la UE, respetando plenamente los derechos fundamentales.
Las conclusiones de la FRA se basan principalmente en entrevistas con profesionales y expertos con experiencia o especialización particulares en la lucha contra el terrorismo en Alemania, Bélgica, España, Francia, Grecia, Hungría y Suecia.
El trabajo de campo fue apoyado por una investigación documental limitada en los 25 Estados miembros vinculados por la Directiva.
